lunes, agosto 21, 2017

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE LA PROPIEDAD (PATRIMONIO)



Con fecha 8 de agosto del 2017 mediante Suplemento del Registro Oficial No .53 se publicó el Decreto Ejecutivo 95 a través del cual se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarús para evitar Doble Imposición.

El referido decreto ejecutivo señala lo siguiente:

Artículo Único.- Ratificar en todos sus artículos el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarús para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto a los impuestos sobre la Renta y sobre la Propiedad (Patrimonio) ", suscrito en la ciudad de Minsk, el 27 de enero del 2016.

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, de su ejecución encárguese a la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

miércoles, agosto 09, 2017

ADOPCIÓN DEL ARCHIVO MAESTRO, ARCHIVO LOCAL Y REPORTE PAÍS POR PAÍS EN EL MARCO REGULATORIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS


De acuerdo a la información del portal de intercambio automático de información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) actualizada a Junio 2017, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay se encuentran entre los países latinoamericanos que han comenzado la implementación del Reporte País por País, así como del Archivo Maestro (Master File) y Archivo Local (Local File) para la documentación de precios de transferencia.  Estos países han desarrollado sus regulaciones sobre este tema basados en el reporte final de documentación sobre precios de transferencia e informe país por país (Acción 13 BEPS) que actualizó el capítulo V Documentación de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias (Directrices OCDE).  Asimismo, el Manual Práctico de Precios de Transferencia para Países en Vías de Desarrollo (United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, en adelante Manual de las Naciones Unidas.  UN TP Manual, acrónimo en inglés) en la sección C.2 de su parte C aborda este tema.
A pesar de que existen diferencias entre los sistemas tributarios y economías de países en vías de desarrollo que pudieran involucrar necesidades de documentación diferentes para proteger sus bases imponibles, los países mencionados han venido desarrollando su marco regulatorio bastante apegado a las Directrices OCDE.  Sin embargo, existen ciertas particularidades que los países antes mencionados han incorporado entre las que destacan:
Declaraciones juradas: En el caso de México, Brasil y Chile, tanto el Master File como Local File han sido definidos en su legislación como declaraciones juradas, de lo que pudiera inferirse que han querido hacer énfasis en la presunción de veracidad de la información suministrada, dar mayor responsabilidad al contribuyente sobre el contenido de estos documentos, en caso de que información falsa o errónea sea proporcionada, indistintamente de lo extenso y detallado de la información o del carácter técnico de estos reportes o de que el contribuyente se apoye en asesores externos especialistas en estos temas para su preparación.  Dependiendo de la legislación de cada país esta situación podría originar sanciones administrativas y hasta penales, dependiendo de la gravedad de la falta.
Instrumento legal elegido para su implementación: En el caso de México, estas obligaciones han sido incluidas en reforma de la Ley de Impuesto sobre la renta de 2016.  Uruguay ha realizado las adecuaciones necesarias vía ley para incluir estas obligaciones en el Capítulo VII Precios de Transferencia del Título II Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) del Texto Ordenado, mientras que otros países las han implementado a través de resolución e instrucciones normativas como es el caso de Chile y Brasil respectivamente.  Por su parte, Colombia ha incluido estas obligaciones en su Estatuto Tributario.
Materialidad: En principio, las Directrices OCDE establecen en el párrafo 5.32 que países individuales deben establecer sus propios estándares de materialidad.  Sin embargo, el párrafo 5.52 recomienda que en el caso del Reporte País por País haya una exención para grupos empresariales con ingresos consolidados anuales en el ejercicio fiscal anterior inferiores a 750 millones de Euros.  Un nivel de materialidad de esta naturaleza tendría un impacto diferente en países en vías de desarrollo con economías relativamente pequeñas al que tendría en economías de mayor tamaño.  Esto se traduciría en una reducida cantidad de contribuyentes alcanzados por la obligación de preparación del Reporte País por País, así como la definición de un rol para estas jurisdicciones principalmente de receptores de información.
Sin embargo, pareciera que algunos de los países han realizado una evaluación de esta situación.  Mientras algunos países no han emitido regulaciones que establezcan algún nivel de materialidad, países como Colombia han establecido en su Estatuto Tributario que los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas cuyo patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior sea igual o superior a 100 mil unidades de valor tributario – UVT (equivalente a aproximadamente un millón de dólares estadounidenses) o sus ingresos brutos superiores a 61 mil UVT (equivalente a aproximadamente 650 mil dólares estadounidenses) deberán preparar su documentación comprobatoria incluyendo el Master File y Local File.  En el caso del Reporte País por País, el contribuyente deberá tener ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 81 mil UVT (equivalentes a aproximadamente 850 mil dólares estadounidenses).  Por su parte, Uruguay ha establecido la obligación de preparar el local file para aquellos contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas por un monto superior los 10 millones de unidades indexadas (equivalentes a aproximadamente cinco millones de dólares estadounidenses).  En el caso de Brasil, los contribuyentes cuya entidad controladora sea residente y presente ingresos consolidados superiores a dos mil doscientos sesenta millones de reales (equivalentes a aproximadamente 720 millones de dólares estadounidenses).
Fecha de presentación: En el caso de México, la presentación del Master File, Local File y Reporte País por País es a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal del que se trate.  Chile por su parte, estableció fecha límite para la presentación del reporte país por país el último día hábil del mes de junio del año posterior al cierre del ejercicio fiscal inmediatamente anterior.
Otros aspectos: Dentro de su legislación, México ha incluido la opción de que en aquellos casos en que las autoridades fiscales no puedan obtener la información correspondiente al reporte país por país por medio de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los tratados internacionales en vigor, los contribuyentes contarán con un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se notifique la solicitud para proporcionar el reporte.  Por su parte, Brasil contempla que el contribuyente entregue el Reporte País por País cuando su entidad controladora se ubique en una jurisdicción en la que exista esta obligación o no tenga acuerdo de autoridades competentes con el país en plazo de cumplimiento de la obligación.  Adicionalmente, contempla que el contribuyente presente la información en caso de que se presenten fallas en los sistemas de información en la jurisdicción de residencia de la entidad controladora.
A pesar de los aspectos mencionados anteriormente que apuntan a cierto nivel de adaptación a las circunstancias locales, las regulaciones de estos países parecieran mantener bastante alineación con lo establecido tanto en las Directrices de la OCDE como en el Manual de las Naciones Unidas (UN TP Manual, acrónimo en inglés).  Solo queda esperar si los próximos países en adoptar estas normas lo harán con el mismo nivel de consistencia o marcaran un poco más de distancia en busca de una mejor adecuación a las realidades de sus jurisdicciones.

FUENTE: https://www.ciat.org/adopcion-del-archivo-maestro-archivo-local-y-reporte-pais-por-pais-en-el-marco-regulatorio-de-precios-de-transferencia-de-los-paises-latinoamericanos/

jueves, agosto 03, 2017

QUE SON LOS IMPUESTOS ESTATALES SOBRE LA RENTA EN EEUU?



Al igual que el gobierno federal, los estados imponen impuestos adicionales sobre la renta a tus ganancias si tienes una conexión suficiente con el estado. Aunque cada estado tiene la autoridad para crear su propio sistema de imposición de impuestos, la mayoría de las jurisdicciones utilizan una estructura similar a la del gobierno federal. Sin embargo, una minoría de estados imponen el impuesto sobre la renta con un porcentaje único para todos los contribuyentes o incluso no cobran el impuesto.


Tasas únicas de impuestos
Sólo siete estados tienen una tasa única de impuesto a la renta. Esto son Colorado, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Pensilvania y Utah. Un impuesto de tasa única, a veces llamado impuesto justo, grava a la misma tasa a todos los niveles de ingresos. En 2016, por ejemplo, el impuesto sobre la renta único tuvo una tasa de 3,3 por ciento en Indiana hasta una del 5,1 por ciento en Massachusetts. Esto significa que si ganas US$100.000 en Indiana, sólo pagas US$3.300 en impuestos estatales. Y si ganas US$ 1 millón, sigues pagando un 3,3 por ciento, o US$33.000.
Estados sin un impuesto sobre la renta
También hay siete estados que no imponen un impuesto sobre la renta en absoluto. Estos son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. La falta de un impuesto sobre la renta no quiere decir que los ciudadanos de estos estados no paguen impuestos al estado. Los residentes en cada uno de estos estados tienen que pagar una variedad de otros impuestos estatales comunes, incluyendo un impuesto sobre las ventas, uno a la gasolina, un impuesto a los cigarrillos y los impuestos a la propiedad. Según los datos recopilados por la Tax Foundation, sin embargo, los residentes de los estados que no tienen impuesto sobre la renta siempre tienen una menor presión fiscal por habitante que los que viven en estados que sí lo hacen.
Tasas impositivas graduales
La mayoría de los restantes 36 estados y el Distrito de Columbia tienen un sistema de impuestos sobre la renta que se asemeja al del gobierno federal. Para ello es necesario que tus ingresos se graven con distintas tasas que aumentan a medida que aumenta tu ingreso anual. En general, sin embargo, las leyes estatales de impuesto sobre la renta son más sencillas que el código tributario federal, con un menor número de rangos de impuestos y tasas más bajas. Algunos estados tienen leyes tributarias que ajustan automáticamente los rangos impositivos según las tasas de inflación.
Deducción de impuestos estatales sobre la renta
Si eres uno de los muchos contribuyentes que paga impuestos estatales sobre la renta, el IRS te permite reclamar una deducción en tu declaración de impuestos federal por ellos. La deducción del impuesto sobre la renta estatal sólo está disponible si eres elegible para detallar las deducciones en tu declaración federal.

La elegibilidad para detallar tus deducciones requiere que el total de tus gastos anuales deducibles, incluyendo tu impuesto estatal sobre la renta sean superiores al monto de la deducción estándar para tu estado civil en la declaración. En 2016, por ejemplo, un contribuyente único puede reclamar una deducción  estándar de US$6,300. Por lo tanto, si pagas más de US$6.300 en impuestos estatales sobre la renta, entonces eres elegible para efectuar el detallado. Si no, entonces debes tener otros gastos deducibles, además de los impuestos estatales, que sumen en total al menos US$ 6.301.

FUENTE:https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/En-Espanol/-Qu--son-los-impuestos-estatales-sobre-la-renta-/INF25305.html



jueves, julio 27, 2017

NORMAS Y REQUISITOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A LOS PROVEEDORES DIRECTOS DE EXPORTADORES DE BIENES


Las solicitudes de devolución del IVA se presentarán por períodos mensuales, excepto cuando los bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se transfieran al exportador para la exportación, sean de producción cíclica, esto es, por períodos mayores a un mes, en cuyo caso las solicitudes por dichos períodos se presentarán una vez efectuada la transferencia y la exportación.

Previo a la presentación de una solicitud de devolución del IVA, el sujeto pasivo proveedor directo de exportadores de bienes, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) No haber prescrito el derecho a la devolución del IVA por el período solicitado.
b) Encontrarse inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con estado activo.
c) Haber presentado las declaraciones y pagado (cuando aplique) el IVA correspondientes a los períodos por los que se solicitará su devolución.
d) Haber presentado los anexos transaccionales simplificados, correspondientes a los períodos sobre los que se solicitará la devolución del IVA.
e) Haber efectuado el proceso de pre validación, conforme lo señalado en esta Resolución.

El sujeto pasivo deberá ejecutar el proceso de prevalidación antes de presentar la solicitud de devolución del IVA, para lo cual utilizará el aplicativo informático de pre validación disponible en la página web institucional o realizarlo directamente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.

El valor a ser devuelto por concepto de IVA pagado por proveedores directos de exportadores de bienes, regulado por la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000350, será reintegrado por medio de la emisión de una nota de crédito desmaterializada.

viernes, julio 14, 2017

NORMAS PARA ESTABLECER LOS FACTORES DE AJUSTE EN PROCESOS DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA MEDIANTE COMUNICACIONES DE DIFERENCIAS Y LIQUIDACIONES DE PAGO Y SU FORMA DE APLICACIÓN



En el Suplemento del Registro Oficial No. 31 del 7 de julio del 2017 se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000345 expedida por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante la que se regula las Normas para establecer los Factores de Ajuste en procesos de determinación de Impuesto a la Renta mediante comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago y su forma de aplicación en concordancia con lo dispuesto en el artículo 275 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y que podrán ser aplicables a aquellos casos en que la respectiva utilidad gravable en determinación, sea superior al coeficiente de estimación presuntiva de carácter general por ramas de actividad económica para la determinación presuntiva de impuesto a la renta, fijados por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución.

La referida Resolución establece que no serán aplicables los factores de ajuste sobre ingresos provenientes o generados por:
  • Capital o patrimonio;
  • Trabajo en relación de dependencia;
  • Ganancias provenientes de la enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos de exploración, explotación o similares;
  • Actividades profesionales;
  • Actividades sujetas a determinación del sujeto pasivo de tipo monotributo o régimen presuntivo;
  • Exploración, explotación, transporte y comercialización de recursos naturales no renovables;
  • Quienes hubiesen efectuado transacciones con sujetos pasivos notificados mediante resolución como empresas inexistentes o fantasmas, así como con personas naturales o sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes.
  • Actividades acogidas al régimen impositivo simplificado; y,
  • Loterías, rifas y similares.

Como factores de ajuste se aplicarán los coeficientes de carácter general para la estimación presuntiva de impuesto a la renta por ramas de actividad económica, fijados por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución, para el respectivo ejercicio fiscal determinado.

El factor de ajuste se aplicará multiplicándolo por el rubro de activos, ingresos, costos y gastos determinados por el Servicio de Rentas Internas, según corresponda, y se escogerá el mayor de los resultados para establecer la base imponible.

En caso que el contribuyente obtenga ingresos en más de una actividad económica, los factores de ajuste se aplicarán para cada actividad según el sector que corresponda; el resultado así obtenido se sumará a la utilidad gravable o pérdida tributaria de las otras actividades desarrolladas por el sujeto pasivo, sujetas o no al factor de ajuste. Sobre la base imponible total se calculará el impuesto a la renta.

El impuesto determinado, no podrá ser inferior a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le han efectuado al sujeto pasivo, en el respectivo ejercicio fiscal.

A través de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 674 de 21 de enero de 2016, el Servicio de Rentas Internas estableció los coeficientes de carácter general para la determinación presuntiva de impuesto a la renta por ramas de actividad económica, aplicables al ejercicio fiscal 2016.


jueves, julio 06, 2017

CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PRODUCTIVO Y TRIBUTARIO


Mediante Decreto Ejecutivo No. 50 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 027 del 3 de julio se creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, con representación y participación pública y privada, como instancia de consulta, asesoría y diálogo social, sobre propuestas de políticas y de normativas para incentivar y dinamizar la producción, la inversión, el empleo y la generación de divisas, en el marco de los principios constitucionales del Régimen de Desarrollo y del Sistema Tributario.

El Consejo Consultivo Productivo y Tributario tendrá la atribución de emitir recomendaciones, propuestas de política y de normativas para la productividad y la competitividad, en los siguientes ámbitos:

1. Impulso al cambio de la matriz productiva;
2. Fortalecimiento de la dolarización;
3. Fortalecimiento de sector exportador;
4. Generación de empleo, en el marco de la garantía de los derechos de las y los trabajadores;
5. Impulso a las alianzas público-privadas;
6. Inversión en iniciativas productivas nacionales;
7. Fomento de la producción nacional;
8. Promoción del consumo responsable;
9. Atracción de capitales nacionales invertidos en el exterior,
10. Atracción de la inversión extranjera directa;
11. Cumplimiento de la transparencia fiscal:
12. Crédito y financiamiento productivo;
13. Optimización y simplificación tributaria, para lograr más eficiencia, equidad y progresividad de la política tributaria
14. Armonización y simplificación de trámites del sector productivo; y
15. Los demás que se consideren necesarios.

En el plazo de hasta 15 días contados a partir de la expedición del presente decreto, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario convocará a las mesas de diálogo.

En el plazo de hasta 90 días a partir de su conformación, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Tributario, entregará al Presidente de la República un primer documento de propuestas de política, para su consideración.

martes, julio 04, 2017

ANEXO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES


En el Suplemento del Registro Oficial No. 27 del 3 de julio del 2017 se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000335 mediante la cual se aprobó el ANEXO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.


Están obligados a presentar el referido anexo de información los sujetos pasivos que tengan un total de activos o pasivos en el exterior que superen el valor de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 500.000,00):

1. Las sociedades constituidas legalmente en el Ecuador, de acuerdo a la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno; y,

2. Los establecimientos permanentes domiciliados en el Ecuador de sociedades extranjeras no residentes.

No estarán obligados a presentar este anexo:

1. Las instituciones y entidades que conforman el sector público, según la definición señalada en la Constitución de la República del Ecuador;

2. Las empresas públicas, reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas;

3. Las personas jurídicas con capital societario mayoritariamente público, así como los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones;

4. Los organismos internacionales reconocidos por el Estado ecuatoriano y sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el país;

5. Las instituciones que integran el sistema financiero nacional contempladas en el Capítulo 2 del Título II del Código Orgánico Monetario y Financiero; y,

6. Las compañías de seguros y reaseguros.

El "Anexo de Activos y Pasivos de Sociedades y Establecimientos Permanentes" será presentado anualmente en el mes de mayo del año respecto del cual se presenta la información, de conformidad con el noveno dígito de la cédula de identidad o Registro Único de Contribuyentes (RUC).

El Anexo correspondiente al año 2017, se presentará por una única vez, en el mes de septiembre, conforme el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto obligado.

viernes, junio 30, 2017

INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES



En el Registro Oficial No. 026 del 30 de junio del 2017 se publicó el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0093 mediante el cual se Expide el Instructivo para el Pago de la Participación de Utilidades y deroga el Acuerdo Ministerial No. 308 de 29 de diciembre de 2016 publicado en el Registro Oficial No. 942 de 10 de febrero de 2017; y, Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0062 de 12 de abril de 2017.

El presente instructivo regula el pago de la participación de utilidades a que tienen derecho las personas trabajadoras y ex trabajadoras de una empresa, de conformidad con los artículos 97, 97.1, 100, 103, 103.1, 104, 105 y 106 del Código del Trabajo y el registro de ese pago por parte del empleador ante el Ministerio del Trabajo.

Están obligados al pago y al registro regulado en el presente Acuerdo Ministerial los empleadores que sean personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, incluidas las sociedades de hecho, sucesiones indivisas y patrimonios autónomos, con personal bajo relación de dependencia.

El ex trabajador se entenderá como la persona que brindó sus servicios y dejó de prestarlos con el empleador dentro del año en el cual se generaron las utilidades.

El 15% de la participación de utilidades, se distribuirá así: el 10% se dividirá entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras; y, el 5% restante será entregado a las personas trabajadoras y ex trabajadoras, en proporción a sus cargas familiares.

Para el cálculo de estos porcentajes el empleador tomará como base las declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago del Impuesto a la Renta en lo concerniente a participación de utilidades de los trabajadores. Además, el empleador considerará el tiempo de servicios, sin realizar diferenciación alguna con la remuneración o el tipo de ocupación o actividad de la persona trabajadora o ex trabajadora que laboró durante el ejercicio económico en el que se generó las utilidades.

Son cargas familiares de la persona trabajadora y ex trabajadora, las hijas y los hijos menores de dieciocho años, las hijas y los hijos con discapacidad de cualquier edad que dependan de la persona trabajadora o ex trabajadora, los cónyuges y los convivientes en unión de hecho legalmente reconocida. La condición para que una persona sea considerada carga familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio económico en el que se generó las utilidades.

Cuando las hijas y los hijos cumplan dieciocho (18) años, se disuelva la unión de hecho o se produzca un divorcio dentro de un ejercicio fiscal, se pierde la condición de carga que al no poder ser acreditada por el trabajador al empleador, generará la no participación en el porcentaje de utilidades correspondiente a cargas.

Cuando los trabajadores y ex trabajadores no hubiesen acreditado ante el empleador tener cargas familiares hasta el 30 de marzo del ejercicio fiscal en el que son distribuidas, el 5% de la participación de utilidades será distribuido entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras de la misma manera que el reparto del 10% de participación de utilidades.

Cada empleador calculará el valor correspondiente a utilidades para repartirlo a sus trabajadores, en conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo.

Una vez determinado el monto a repartirse a cada trabajador, el empleador deberá aplicar sobre la totalidad a repartirse, lo establecido en el artículo 97.1 del Código del Trabajo, por lo que sólo podrá repartir utilidades a cada trabajador hasta un máximo de veinticuatro (24) salarios básicos unificados (SBU) del trabajador en general. Para este cálculo se utilizará el valor del salario básico unificado del trabajador en general que se encuentre vigente durante el ejercicio fiscal en el que se generaron las utilidades.

En consecuencia, el límite en la distribución de veinticuatro (24) salarios básicos unificados (SBU), aplica sobre la totalidad del 15% de las utilidades que debe recibir el trabajador.

El empleador repartirá el 15% de utilidades hasta el 15 de abril de cada año, conforme lo establecido en el artículo 105 del Código del Trabajo; y, deberá registrar el proceso en el Sistema de Salarios en Línea, según el cronograma que para el efecto emita el Ministerio del Trabajo durante el primer mes de cada año.

Si el empleador identifica que los valores a repartirse a cada trabajador superan el valor de veinticuatro (24) salarios básicos unificados del trabajador en general, deberá depositar hasta el 30 de abril de cada año este excedente al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social, en la cuenta que para el efecto será publicada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Finalmente, el excedente que deberá ser transferido al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social, es el resultante de la diferencia del valor obtenido en el cálculo inicial del 15% de participación de utilidades restada del límite establecido en la Ley (Excedente = Z- 24 SBU)

El valor correspondiente a cada carga, después de aplicar el límite a la distribución de utilidades, será proporcional al número de cargas acreditadas.

Los empleadores están obligados a agotar sus esfuerzos para entregar de forma directa el beneficio de utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores, empleando todos los mecanismos legales para el efecto, incluso a través de comunicaciones domiciliarias, electrónicas o avisos en medios de comunicación locales o nacionales, en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que debió efectuarse el pago.

lunes, junio 26, 2017

FACTURACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTISTA


El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000295, estableció nuevos beneficios y regulaciones para los contribuyentes propietarios de vehículos destinados a actividades relacionadas al sector del transporte.

Tipos de Beneficio

Los beneficios a los que pueden aplicar los contribuyentes, propietarios de vehículos destinados a realizar las actividades relacionadas al sector del transporte, son:
 
Exención del 100% y/o reducción del 80% según corresponda, del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados.
Exención del 100% del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.
 
De igual manera, el SRI otorga una exoneración temporal de estos impuestos si el título habilitante, es decir, el permiso que emite la entidad responsable para que los transportistas circulen, se encuentra en trámite de emisión por parte de la entidad de tránsito competente, con el fin de que el propietario cancele el valor de la matrícula y continúe el proceso. Luego de contar con el título habilitante, este debe ser notificado al SRI para cambiar el beneficio temporal a definitivo; de lo contrario, la Administración Tributaria podrá reliquidar los impuestos que fueron exonerados de manera temporal.
 
Importante
 
A partir del 2017, los vehículos motorizados de propiedad de operadoras de transporte público de pasajeros y taxis legalmente constituidos, pueden acceder al beneficio de exoneración del 100% del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. Es necesario recordar que hasta el año 2016, el beneficio era del 80%.
 
Los vehículos que se encuentran actualmente exonerados del 80% del impuesto hasta la vigencia del título habilitante, deben solicitar, a partir de este año, el cambio del beneficio en cualquier agencia del SRI a nivel nacional. 
 
Requisitos
 
Formulario VEH-02.
Documento de identificación del propietario (original).
Documento de soporte de la propiedad del vehículo (original y copia).
Título habilitante otorgado a la operadora de transporte, donde conste el socio y el vehículo de la solicitud. 
Registrar la actividad de transporte en el RUC según la modalidad autorizada, en un establecimiento único y exclusivo. Así mismo deberá encontrarse registrada en el RUC la información del título habilitante.
Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
 
Aporte de vehículos de los socios a las operadoras
 
Cuando los vehículos sean aportados a la operadora, es decir cuando pasen a ser activos de la misma, según la regulación establecida en la Primera Disposición General del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, del Registro Oficial Suplemento 731, del 25 de junio de 2012, se presentarán los siguientes requisitos para la regularización de las transferencias de dominio ante el SRI:
 
Formulario VEH-03.
Documento de identificación del propietario (original).
Documento de soporte de la propiedad del vehículo (original y copia).
Documento que respalde la transferencia de dominio del vehículo (original y copia).

BURO TRIBUTARIO

BURO TRIBUTARIO